Servicios de gestión, seguimiento y justificación de las actuaciones promovidas por el Ayuntamiento de Castril en el marco del Real Decreto Ley 5/2026, de 17 de febrero, financiados por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática

Se entenderá acreditada por los siguientes medios: 1)Volumen anual de la cifra de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato. Dicha aptitud se acreditará mediante aportación de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. 2)También deberá acreditarse el justificante de la existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor estimado del presente contrato. Ver cláusula sexta del PCAP

Se entenderá acreditada por los siguientes medios: 1)Perfiles técnicos. Los profesionales intervinientes en la ejecución del presente contrato, que integren el equipo técnico, deberán estar en posesión de la correspondiente titulación que les capacite, de acuerdo con la legislación vigente: Será necesario adscribir al contrato un Coordinador del Proyecto, un Consultor Experto en Contratación Pública y un Ingeniero. La titulación y experiencia deberá acreditarse mediante Cv, vida laboral y títulos académicos de las personas que ocuparán los perfiles recién señalados, así como certificados o informes de buena ejecución emitidos por las entidades públicas o privadas a las que se hayan prestado los servicios 2)Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Será necesario acreditar 3 servicios de asistencia técnica de similar naturaleza y 3 servicios para la elaboración y presentación de solicitudes de ayudas reguladas por normas con rango de ley, real decreto, orden ministerial o bases reguladoras de subvenciones, incluidas las previstas en el Real Decreto ley 5/2026, de 17 de febrero, o en disposiciones de naturaleza y finalidad análogas. Ver cláusula sexta del PCAP