Servicios de asesoramiento y gestión Integral en materia laboral, fiscal y económico/financiera

Por fórmula, 65 % · por juicio de valor, 35 %

• Mejora de los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Consultas urgentes · fórmula5 %

  Se valorará la mejora de los tiempos máximos de respuesta establecidos en el PPTP.

• Mejora de los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Consultas ordinarias · fórmula5 %

  Se valorará la mejora de los tiempos máximos de respuesta establecidos en el PPTP.

• Soluciones técnicas, herramientas y sistemas de información · juicio de valor12 %

  Se valorará la idoneidad de las herramientas tecnológicas propuestas para garantizar una prestación segura, eficiente, trazable e integrada de los servicios objeto del contrato.

• Adecuación de la propuesta a la estructura y naturaleza del Consorcio · juicio de valor10 %

  Se valorará el grado de adaptación de la propuesta a la naturaleza jurídica, organizativa, funcional y financiera del Consorcio, así como a sus necesidades específicas como entidad del sector público vinculada a actividades de investigación y proyectos financiados.

• Oferta Económica · fórmula, precio35 %

  Se valorará la oferta económica formulada por las empresas licitadoras respecto del importe total del contrato correspondiente al período inicial de ejecución, IVA excluido.

• Plazo de migración y puesta en marcha del servicio · fórmula5 %

  Se valorará la reducción del plazo necesario para la migración de información, implantación de procedimientos y puesta en funcionamiento efectivo del servicio.

• Metodología y organización del servicio · juicio de valor13 %

  Se valorará la calidad, coherencia y viabilidad del modelo organizativo propuesto para garantizar la prestación continuada, integral y coordinada de los servicios laborales, fiscales, tributarios, contables y económico-financieros.

• Experiencia adicional en asesoramiento al sector público · fórmula15 %

  Se valorará la experiencia específica en la prestación de servicios de asesoramiento integral a entidades del sector público, adicional a la exigida como solvencia técnica por la persona adscrita a la ejecución del contrato como coordinadora del servicio.